¿Por qué no bajar la edad de imputabilidad? 

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¿Por qué no bajar la edad de imputabilidad? 

Derribando mitos sobre inseguridad y niñeces

A raíz del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional sobre el Régimen Penal Juvenil, problematizamos algunos argumentos/fundamentos/mitos que se han instalado en torno a la inseguridad y las niñeces. 

“El delito cometido por niñas, niños y adolescentes viene creciendo y hoy es uno de los principales problemas de inseguridad en Argentina”

Uno de los fundamentos del Poder Ejecutivo para bajar la edad de imputabilidad es que los delitos cometidos por niñas, niños y adolescentes (en adelante NNA) vienen aumentando, siendo una de las principales causas de la inseguridad en el país.

Este fundamento es falso, ya que se encuentra sesgado por una lectura arbitraria de las estadísticas. El proyecto de ley enviado al Congreso toma como punto de comparación el 2020, año que se redujo significativamente el delito en general a causa del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). A medida que se fue flexibilizando el aislamiento, el delito de NNA se incrementa pero no mucho más que los niveles desde 2015 a 2019. Es decir que, sin tener en cuenta la pandemia, el delito de NNA tiene un margen constante desde 2015, sin incrementos significativos. 

Evolución de la cantidad de NNA con intervenciones en la Justicia Nacional de menores.

Fuente: Informes anuales BGD. NNA en la Justicia Nacional de Menores. 

 

De acuerdo al Sistema Nacional de Información Criminal en 2022 hubo 1.937.435 delitos totales contabilizando personas menores y mayores de edad. Si lo comparamos con los delitos cometidos por NNA, estamos hablando de apenas el 0,09%

Otro dato interesante para analizar es que, por ejemplo, en el 2023 sólo el 1,6% del total de delitos cometidos por NNA fueron contra las personas (vida, integridad física, seguridad personal). La mayoría de los delitos cometidos por NNA se tratan de robos contra la propiedad, en general hurtos. 

“Hoy los pibes que delinquen entran por una puerta y salen por la otra”

Otro argumento que esgrimen quienes apoyan la baja de edad de imputabilidad es que los niños, niñas y adolescentes que cometen un delito no reciben ningún tipo de pena. Los datos oficiales disponibles indican lo contrario. 

En primer lugar, según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2023, 178 jóvenes tuvieron al menos una medida judicial de privación de libertad o alojamiento en residencias. Se contabilizan allí medidas en centros socioeducativos de régimen cerrado, residencias socioeducativas de libertad restringida y hospitales.

Pero además, es necesario aclarar que los estándares internacionales establecen la priorización de medidas de resolución alternativa de conflictos penales y prácticas restaurativas con niños, niñas y adolescentes infractores a la ley penal. En 2023, se registraron 62 medidas de este tipo.

“Hay que bajar la edad de la punibilidad porque las bandas criminales utilizan a adolescentes para cometer delitos”

Si una organización criminal obliga a un NNA a cometer un delito, el delito es de la persona adulta, el/la NNA es víctima y como tal debe ser abordada la situación. Los organismos internacionales especializados en trata y explotación de personas han recomendado a los países que incorporen estas conductas en sus legislaciones penales.

“Hay que encerrarlos para evitar que vuelvan a delinquir”

El impacto del encierro en la subjetividad de un NNA es mucho mayor que en la de una persona adulta. La privación de la libertad provoca deterioros irreversibles en NNA ya que afecta su desarrollo como ser. Esto genera dificultades para (re)insertarse en la sociedad, como por ejemplo, terminar la escuela, y los coloca en un contexto de vulnerabilidad con muy altas posibilidades de reincidir en el delito. 

La Convención sobre los Derechos del Niño indica específicamente que «el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal”. Es por esta falta de madurez que pueden ser víctimas de grupos criminales y sufrir “múltiples formas de violación, como ser reclutados…; llevar a cabo ejecuciones…; ser objeto de secuestro, venta, trata de personas o explotación sexual; ser utilizados para el transporte o la venta de drogas…”, como menciona el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General 24 de 2019. 

La privación de libertad debe ser una medida excepcional, de último recurso y por el menor tiempo posible ya que atenta contra la salud física, mental y emocional de los NNA, favoreciendo la reincidencia. Hay muchos estudios que lo afirman, como por ejemplo la OMS (1) señala que la institucionalización y detención de los NNA, los expone a prácticas inadecuadas, alimentación deficiente, problemas de salud y exposición a violencia sexual, física y emocional.

“Bajar la edad de imputabilidad va a bajar los niveles de inseguridad”

Otro de los argumentos del PE es que bajar la edad de imputabilidad va a impactar favorablemente en una mayor seguridad en la población. Sin embargo, no hay evidencia que demuestre esa afirmación. Por el contrario, los números muestran que en la región hay países que tienen edades de imputabilidad más bajas y una tasa de homicidio más alta que Argentina. Por ejemplo, Brasil y México establecen en 12 años la edad de imputabilidad y tienen un promedio de 23 homicidios cada 100 mil habitantes en el 2023, muy por encima de Argentina que tiene la edad en 16 años y registra un promedio de 5 homicidios cada 100 mil habitantes. 

Es decir, bajar la edad no ha demostrado ser una política exitosa en términos securitarios. 

La falta de oportunidades, de perspectivas de superación, de acceso a bienes, servicios básicos, a políticas educativas inclusivas, así como la exposición a discursos de odio, discriminación y racialización generan marginación y alientan a las violencias, siendo caldo de cultivo para la emergencia del delito. 

Todos estos factores deben abordarse desde el Sistema de Protección Integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes, garantizando el acceso de chicas y chicos a sus derechos. El Sistema Penal no es la solución.

Reflexión final

La transformación del Régimen Penal Juvenil es una deuda de la democracia argentina. El Régimen actual se rige por el decreto ley de 1980, que fue instaurado durante la última dictadura cívico militar y no se adecúa a estándares internacionales de derechos humanos como la CDN y la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de NNA. 

El sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante. No persigue a todos por igual, sino a los más pobres, los más vulnerables.

Nadie que pasa por una institución penal sale sin huellas, a veces físicas, casi siempre en su psiquis. Y las huellas son mucho más profundas y dolorosas cuando se provocan en NNA.

Las causas de violencia en los barrios son la falta de oportunidades, el hambre, la explotación sexual y laboral, el manejo de los territorios por bandas de drogas de las cuales NNA son víctimas. 

La mayoría de los NNA de Argentina tiene sus derechos vulnerados: 7 de cada 10 NNA es pobre y 1 millón se va a dormir sin cenar porque sus padres y madres no tienen dinero para comprar alimentos. Esto sí constituye uno de los principales problemas en Argentina. Es urgente abordar la protección de los derechos de NNA. Necesitan un Estado que promueva y garantice el efectivo acceso a todos sus derechos.

NNyA no son peligrosos, están en peligro.

Fuentes empleadas:

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