“Mañana tiroteo” ¿qué hay detrás de las amenazas que recorrieron diferentes escuelas del país?
Por Clara Hannemann y Candelaria Kelly
Fundación Emmanuel / Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia
Violencia en las escuelas: un problema que no es nuevo pero escala
Dos semanas después de la tragedia en San Cristóbal, Santa Fe, apareció la misma frase escrita en paredes, cerámicas y hojas sueltas en diferentes escuelas de diez provincias del país: «Mañana tiroteo». Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Río Negro, Entre Ríos, Chubut, Santa Fe y Neuquén.
La violencia en las escuelas no es una novedad: 3 de cada 10 estudiantes sufren acoso escolar (bullying) y 7 de cada 10 han presenciado situaciones de violencia (Unicef Argentina, 2025). Desde Fundación Emmanuel y el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia venimos trabajando sobre esta situación: nuestro diagnóstico nacional Sin miedo en la escuela (2024) relevó que la discriminación, las agresiones físicas y verbales y el acoso forman parte de una realidad que las instituciones educativas vienen abordando con herramientas y recursos desiguales. Lo que resulta novedoso -y preocupante- de estos casos puntuales es la irrupción de armas y las amenazas generalizadas de tiroteo. Estos tipos de violencia que hasta ahora asociábamos a otros países y que hoy nos interpelan de cerca ¿por qué emergen ahora, en este momento, en este país?
Se inscriben en un contexto donde la violencia forma parte del lenguaje cotidiano, donde los algoritmos robustecen la polarización, donde los discursos de odio circulan por diferentes ámbitos de la vida, se amplifican y, muchas veces, se legitiman desde las esferas más altas del poder.
Como señala la filósofa Judith Butler, el lenguaje no solo describe la realidad, sino también la produce. Hoy, estos discursos se enuncian muchas veces desde las instituciones públicas. Esto no es menor, ya que cuando el odio proviene desde el propio Estado – que debería ser el garante de los derechos y la protección de la ciudadanía – se produce un quiebre simbólico: se rompe el consenso de lo que es aceptable decir y se otorga una suerte de “permiso social” para que esa violencia se replique en otros niveles.
Las escuelas no están aisladas: constituyen lo social y son, a la vez, constituidas por la época. Es decir que no son meros espacios donde los conflictos “aterrizan”, sino territorios vivos. Es allí, en la cotidianidad del aula, donde existe la oportunidad de construir sentidos distintos a los que imperan en la calle o en las pantallas. Pero ¿es posible sostener solo desde la escuela un sentido comunitario que se desarma?
La trampa que se repite: buscar un culpable individual
La reacción frente a cada uno de estos episodios se repite con un denominador común: investigación judicial, presencia policial, análisis caligráfico para encontrar «al responsable». En el caso de San Cristóbal, el nuevo Régimen Penal Juvenil asoma como respuesta casi exclusiva. Otra vez, aparece la propuesta punitiva, pero no cualquier punitivismo: no se dirige hacia las plataformas que amplifican y viralizan estas acciones y discursos. Se busca un culpable individual, el adolescente.
Es un movimiento conocido: algo grave ocurre, individualizamos el problema, exigimos castigo y cerramos el expediente. La respuesta punitiva se ha naturalizado tanto que ya casi no necesita justificarse.
La misma frase, en diferentes escuelas, en diez provincias distintas, ¿alcanza con perseguir a quien escribió en la pared?
Mientras tanto, plataformas digitales viralizan la violencia sin ningún tipo de regulación, quedando invisibilizadas las condiciones en las que niñas, niños y adolescentes crecen.
¿Qué pasa cuando crecer implica habitar un mundo donde el otro aparece cada vez más como amenaza y no como alguien con quien construir? ¿Qué pasa cuando los lazos comunitarios se erosionan al mismo tiempo que se profundiza la individualización? ¿Qué pasa cuando estamos hiperconectados pero nos sentimos cada vez más solos?
El debilitamiento del Sistema de Protección Integral
Desde Fundación Emmanuel y el Colectivo venimos sosteniendo la necesidad de superar las respuestas punitivas y avanzar en abordajes integrales con participación protagónica de niñas, niños y adolescentes.
Nuestro diagnóstico es claro: existen marcos normativos, políticas y experiencias valiosas para la prevención y el abordaje de las violencias contra las infancias y adolescencias, pero su alcance es hoy cada vez más limitado. Un ejemplo concreto es el Programa nacional de Convivencia Escolar orientado a promover modos de vincularse solidarios, pluralistas y basados en el buen trato, que ha sido progresivamente desfinanciado en los últimos años.
Este debilitamiento de las políticas se expresa con claridad en las escuelas. En la práctica, la mayoría de las escuelas no cuentan con equipos interdisciplinarios de manera permanente para acompañar trayectorias complejas, una situación que se agrava en escuelas de zonas rurales y en provincias del NOA y NEA (Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, 2024).
Estas limitaciones no se restringen únicamente a las escuelas, sino que también impactan de lleno en las familias, el sistema de salud y las organizaciones de la sociedad, quienes cumplen un papel fundamental dentro del Sistema de Protección integral.
Las familias se ven obligadas al pluriempleo y expuestas a extensas jornadas laborales para garantizar ingresos, mientras cuentan con escasos apoyos del Estado para acompañar las tareas de crianza. El sistema de salud presenta una marcada escasez de dispositivos de salud mental en los territorios, con servicios saturados donde las demoras en la asignación de turnos dificultan intervenciones oportunas. Las organizaciones de la sociedad civil sostienen sus espacios de acompañamiento y cuidado, pero no cuentan con los apoyos suficientes para afrontar una demanda que crece de manera constante en los territorios.
Necesitamos un Sistema de Protección Integral robusto. Pero hablar de un sistema fuerte no es invocar una entelequia administrativa, sino exigir una red de instituciones y personas que tengan la capacidad real de estar presentes en las trayectorias de los niños, niñas y adolescentes. Para ello, es fundamental cuidar a quienes cuidan: diseñar políticas -incluyendo programas y legislaciones- que brinden apoyo y acompañamiento a las y los cuidadores, y que jerarquicen su trabajo.
Un sistema robusto es el compromiso del Estado de no dejar a las familias ni a las escuelas ni a las organizaciones sociales solas frente a la complejidad de la época, garantizando el derecho al cuidado de manera sistemática y no como un esfuerzo voluntarista.
Cuidar en los entornos digitales: una deuda pendiente
La investigación judicial en curso ha identificado que el joven que disparó en San Cristóbal participaba de una comunidad digital internacional donde la violencia escolar, los tiradores seriales y los delitos violentos son celebrados como hazañas. Esos espacios existen en plataformas diseñadas con algoritmos que procesan y segmentan el contenido que consume cada usuario para maximizar su tiempo de permanencia. Es decir, las empresas conocen la arquitectura del problema y las dinámicas de radicalización que sus propios sistemas favorecen.
Cuando se construyó el Sistema de Protección Integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes, los entornos digitales no existían como los conocemos hoy, no tenían la centralidad que ocupan hoy en la vida de las infancias. Al no haber sido contemplados en el diseño original de la Ley Nacional 26.061, estos espacios quedaron fuera de los mecanismos explícitos de regulación y protección que el Estado debe garantizar. Esa ausencia ya no puede sostenerse. Hoy millones de chicas y chicos pasan horas en plataformas que no tienen obligación legal de garantizarles entornos seguros, libres de violencia, adecuados para su edad.
Acompañar a las infancias en los espacios digitales es necesario. Pero no alcanza con la educación digital o con pedirles a las familias que controlen el uso de pantallas de su hijos e hijas. Tampoco basta con la buena voluntad de las empresas. Argentina no puede seguir abordando esta problemática con respuestas fragmentadas. Resulta fundamental el impulso de una regulación integral para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, una iniciativa que organizaciones como Protección Digital Argentina, Chicos.net y otras redes de expertos vienen sosteniendo con urgencia. No se trata de un planteo aislado: países de la región y del mundo, como Brasil, España y el Reino Unido ya están avanzando en normativas que priorizan el bienestar de las infancias por sobre la lógica del mercado.
La sanción de una ley con este enfoque es un paso imprescindible para reorganizar el ecosistema digital desde el deber de cuidado y la responsabilidad empresarial. Que los algoritmos que amplifican el odio, que las comunidades donde se avala la violencia, que los diseños pensados para maximizar el tiempo de exposición de niñas y niños tengan límites reales. Se trata de pasar de un modelo de autorregulación empresaria a uno donde el Estado asuma su rol activo de control y monitoreo para asegurar que los entornos que habitan nuestros hijos sean, finalmente, lugares seguros. Regular es cuidar.
Lo que niñas, niños y adolescentes tienen para decir
Vivimos en un mundo donde las decisiones las seguimos tomando las y los adultos, con poca o ninguna participación real de los chicos y las chicas. Sin embargo, sus experiencias, necesidades y propuestas son imprescindibles para conocer y transformar los entornos que habitamos. No es posible avanzar en estrategias de protección constructivas y eficaces sin su participación.
La escucha no es un gesto amable, es una herramienta política a la que debemos destinar tiempo, disposición y recursos. Hoy ¿destinamos tiempo para escucharles, o es algo que hacemos entre una urgencia y la siguiente? ¿existen espacios para opinar sobre los entornos que habitan, para proponer, para exigir? ¿qué pasa con lo que los pibes y las pibas dicen: transforma algo, o se registra y se archiva?
Para pasar de un gesto simbólico a una participación protagónica es necesario institucionalizar canales donde la voz de niñas, niños y adolescentes sea vinculante en el diseño de las políticas de protección. Esto implica, por ejemplo, que cualquier marco normativo sobre entornos digitales o convivencia escolar incluya procesos de consulta obligatorios con consejos de adolescentes y espacios de representación juvenil en los organismos de control.
Asimismo, la participación debe formar parte del diagnóstico, de la evaluación de impacto de las plataformas y de la rendición de cuentas de las empresas tecnológicas. Las perspectivas de niñas, niños y adolescentes resulta fundamental para implementar políticas que respondan de manera efectiva a sus necesidades.